De la coerción a la cohesión: Tratamiento de la drogodependencia mediante atención sanitaria en lugar de sanciones

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- pone a disposición de gobernantes, miembros de la sociedad civil, políticos y ciudadanos en general, el documento «De la coerción a la cohesión: Tratamiento de la drogodependencia mediante atención sanitaria en lugar de sanciones«.

Esta herramienta puede contribuir al debate actual sobre la formulación de un modelo que permita pasar del sistema de justicia penal al sistema de tratamiento voluntario, en el que los derechos humanos sean garantizados.

El texto describe los principios sobre los cuales se podría organizar de la manera más eficaz y humana una oferta de tratamiento y rehabilitación como alternativa a las sanciones de la justicia penal. Se explican prácticas con respecto a remisiones a tratamiento dispuestas por el sistema de justicia penal; tratamiento obligatorio en ausencia del derecho a rechazarlo; internamiento o tratamiento involuntario de corta duración en casos de emergencia; tratamiento prolongado obligatorio y los tribunales especializados.

«Varios países en el mundo han establecido tribunales especializados en casos de drogas en donde se combina el sistema de justicia y el sistema de salud para brindar alternativas a la pena de los consumidores delincuentes. Es importante enriquecer el debate, según un estudio de UNODC en población carcelaria del año 2010, en Colombia el 54% de los delitos cometidos por la población penitenciaria adulta pueden estar vinculados con el uso de alcohol y/o de drogas ilícitas, principalmente de marihuana, cocaína y bazuco». Bo Mathiasen, Representante de UNODC en Colombia.

Los resultados de 23 evaluaciones de programas confirmaron que los tribunales especializados en casos de drogas reducen considerablemente el consumo de drogas y los delitos conexos y economizan recursos. En otros análisis se evidencia que con los tribunales se ha reducido la delincuencia en 35% en comparación con las medidas de reclusión.

La publicación argumenta que hay una significativa relación costo beneficio al aplicar una política diferenciada con los infractores drogodependientes. Este documento busca promover el enfoque de orientación sanitaria, en el que el tratamiento sustentando en la evidencia y guiado por la ética puede ser una alternativa a las sanciones de la justicia penal.

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