El problema de las drogas en las Américas – OEA 2013

«Los intensos niveles de violencia asociados al narcotráfico –especialmente en países afectados por la producción, tránsito y tráfico de drogas ilegales– han sido el factor principal de alarma que ha llevado a las autoridades del más alto nivel a involucrarse de manera más activa en este debate. Otros factores determinantes de esta nueva actitud han sido los cambios en los patrones de consumo de drogas en el Hemisferio, la mayor prevalencia de este consumo, la violencia que afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad y la demanda creciente de servicios de salud para el tratamiento de las adicciones.

Informes emanados de grupos de alto nivel como la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, al enfatizar la necesidad de reducir los daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y la sociedad, favorecen la óptica de tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, de reducir el consumo con campañas de prevención basadas en la evidencia y de alentar la experimentación con modelos de regulación legal de ciertas drogas, entre otras recomendaciones.

Sin embargo, al mismo tiempo se escuchan otras voces que plantean que es prematuro dar por fracasados los enfoques actuales sobre el tema. Sin dejar de reconocer que ha habido deficiencias en su aplicación, estos planteamientos sostienen que los países están comenzando a implementar a nivel nacional políticas consistentes con la «Estrategia Hemisférica de Drogas» y su «Plan de Acción 2011 – 2015″, adoptados en 2011 por los Estados miembros de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos. Esta Estrategia plantea un enfoque integrado y balanceado para la elaboración de políticas de drogas, que enfatiza la reducción de la oferta y la demanda poniendo atención especial a medidas de control y cooperación internacional de manera consistente con las Convenciones de las Naciones Unidas sobre la materia.

Existen puntos de consenso entre ambos tipos de planteamientos: los dos coinciden en reconocer que la dependencia de las drogas es una enfermedad cró­nica (o recurrente) que requiere la respuesta de un tratamiento de salud pública; coinciden, igualmente, en la necesidad de promover el control de drogas sobre la base de evidencia e incorporando el enfoque de género y la participación de la sociedad civil en la definición de las políticas. De igual manera ambos se concen­tran en la dimensión humana del problema al no caracterizar al consumidor de drogas como objeto del sistema de justicia penal exclusivamente y al promover alternativas al encarcelamiento de personas dependientes de drogas que hayan cometido delitos».

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